Política

Ni necesarios ni urgente

Carlos Tinnirello

¿Es necesario realmente que haya decretos de necesidad y urgencia? ¿Es fundamental para que el país desarrolle una determinada política en lo económico, lo político, lo social o lo que fuere? La respuesta es que para nada es necesario, que en realidad lo que se intenta es lograr una tremenda concentración de poder en manos del Poder Ejecutivo nacional y sus ministros para disponer en todas las áreas que se les ocurra, salvo algunas limitaciones que están establecidas por ley. Esto evidentemente deja al Poder Ejecutivo el camino abierto para llevar adelante políticas absolutamente antipopulares.
Es decir, se intenta plantear la cuestión desde el lugar de la necesidad, de la urgencia y de responder a las necesidades de la población, y en realidad lo que nosotros vemos es que se desarrolla una política totalmente contraria a partir de los decretos y, especialmente, de los de necesidad y urgencia.
En 990, bajo la administración de Menem, un decreto de necesidad y urgencia se utilizó para limitar el derecho de huelga. En el 1991 otro se utilizó para disponer la desregulación económica, que abrió la importación, eliminó restricciones a días y horarios de trabajo, disolvió organismos de control y regulación de precios, y una serie de medidas más.
En el año 2000 hubo otro firmado por de la Rúa, Terragno, Machinea, Gil Lavedra, Storani y algunos más, por el cual se dispuso un descuento del 12 por ciento en los sueldos de los empleados públicos; era necesario bajar los salarios y que el pueblo tuviera menos ingresos, a fin de aumentar la cantidad de habitantes ubicados debajo de la línea de pobreza.
En el año 2001 se descontó el 13 por ciento a los sueldos de los empleados públicos para alcanzar el famoso déficit cero, que permitía reducir las remuneraciones cuantas veces fuera necesario para mantener el equilibrio fiscal. Fue firmado por de la Rúa, Colombo, Cavallo, Patricia Bullrich y Juan Pablo Cafiero.
El "corralito", también en la época de de la Rúa, prohibía los retiros en efectivo por más de 250 pesos o dólares. El "corralón", la gran estafa y el gran negocio de los bancos, entre otros, fueron llevados adelante por la administración de Duhalde, Capitanich, Remes Lenicov, Alfredo Atanasof y Carlos Ruckauf.
La modificación de la ley de convertibilidad se concretó para poder usar reservas del Banco Central para pagar la deuda externa, y algo se abonó por adelantado: 9.000 millones de dólares, con todo lo que eso significa: más plata en forma rápida para el Fondo Monetario Internacional; esto fue firmado por Kirchner, Alberto Fernández, Felisa Miceli y De Vido, el hombre más beneficiado por el manejo del presupuesto.
El aumento al presidente y a los ministros fue hecho por decreto.
Hay un decreto en el año 2003, que también lo vuelven a firmar Duhalde, Atanasof, Aníbal Fernández, Carlos Ruckauf, Graciela Camaño, Ginés González García y Roberto Lavagna, que habla de la libre disponibilidad de las divisas provenientes de la exportación de productos mineros.
Ese decreto permite a las empresas mineras, cuando en un emprendimiento superan las ganancias de mil millones de dólares por año, que nada retorne al país. En realidad, nosotros pensamos que los decretos de necesidad y urgencia no deberán existir. No correspondería discutir si deben ser controlados por el Congreso o por una comisión bicameral, pues no deberían existir.
No se justifica de ninguna manera que el presidente de la Nación determine sobre cuestiones tan importantes como entregar el país a las empresas mineras o como bajar los sueldos con el argumento de que hay necesidad y urgencia. ¿Cuál es la necesidad y urgencia? ¿Hay necesidad y urgencia de que haya más pobres? ¿Hay necesidad y urgencia de que las mineras se lleven la plata de nuestros recursos naturales o de que las divisas queden fuera del país? ¿Hay necesidad y urgencia o algo distinto?
La necesidad y urgencia es respetar los derechos de la ciudadanía y defender la soberanía popular y nuestros recursos naturales, sosteniendo la calidad de vida, la educación y la salud de los habitantes, que está absolutamente deteriorada.
¿Se hace necesario realmente que haya decretos de necesidad y urgencia? En realidad, no. El país funcionó, aunque no de la mejor manera, porque
ideológica y políticamente tenemos otra visión de la nación y del mundo.
Desde 1853 hasta 1983 hubo veinticinco decretos en un lapso de 130 años.
Durante el gobierno de Alfonsín se dictaron diez decretos de necesidad y urgencia, y en el de Menem -período comprendido entre 1989 y 1999?, 545, es decir, a razón de 55 decretos por año.
En ese gobierno justicialista que había surgido de la interna contra Cafiero se utilizaron excesivamente los decretos de necesidad y urgencia y se legalizaron a través del Pacto de Olivos.
En virtud del artículo 99 de la Constitución nacional se establecen y legalizan los decretos de necesidad y urgencia, que no existían como tales, aunque ya se aplicaban. A partir de allí se dio la escalada.
La Constitución reformada de 1994, que se reivindicó como un hecho para mejorarla, tuvo aspectos absolutamente retrógrados, de concentración de poder increíble, y eso también hay que decirlo. Por eso se entiende que durante el gobierno de De la Rúa se firmaron 73 decretos, y en la vertiginosa estadía de Duhalde como presidente de la Nación, 158 en aproximadamente 17 meses; es decir, más de 100 decretos por año, lo que por ahora le otorga el récord absoluto. Decimos "por ahora" porque con todos estos avales que estamos otorgando al gobierno de Kirchner, posiblemente empiece con la carrera vertiginosa hacia la conquista del primer lugar.
Durante este gobierno se dictaron alrededor de 200 decretos de necesidad y urgencia, algunos dicen que fueron 180 y otros 187, pero esa es una cuestión secundaria. Lo importante es que se encuentra en el segundo lugar, ya que estamos hablando de 67 decretos por año. Recordemos que esto fue legitimado y legalizado por el Pacto de Olivos.
Entonces, los que se oponen hoy y los que se opusieron ayer dependen de quien gobierna. Consideremos la hipótesis, aunque sea un poco remota, de que estos partidos que ya han gobernado y han estado enrolados y enmarcados en ese acuerdo de Olivos vuelvan a ser gobierno. Recordemos que algunos que estaban en el radicalismo pasaron a otras organizaciones que se desempeñaron como congresales en la Convención Constituyente. ¿Ellos van a derogar estos decretos? No, los van a usar porque ya los utilizaron y no les interesó, pues las podrían haber derogado.
El radicalismo podría haber dicho: "Basta de decretos de necesidad y urgencia"; sin embargo, no lo hizo.
El objetivo central es cómo acumulan poder, y cuando no lo tienen, se enfrentan al poder establecido en ese momento, y cuando lo tienen, tratan de acumularlo más y más. Por supuesto, hay que reconocer que en esto el justicialismo le lleva varias cabezas al radicalismo; de allí la gran cantidad de decretos y la acumulación de poder. En este preciso momento hay una política absolutamente expresa para que todo el poder se concentre en el presidente Kirchner, su señora y su círculo más allegado. Inclusive, el tema forma parte de esa política de concentración de poder.
Como ya vimos, los decretos no ayudan. El problema es el siguiente: ¿el Congreso ha servido para contraponerse a ese objetivo de acumulación de poder? No sólo no ha servido sino que, por el contrario, cuando gobernaron unos, los avaló; cuando gobernaron otros, también los avaló, y los mismos representantes del Congreso los siguen avalando. Por supuesto, el voto depende de la ubicación circunstancial en la que se encuentren.
Ahí está el gran déficit de nuestra Constitución, del Congreso y de las instituciones del país: no se establece como prioridad número uno la participación popular en las decisiones.
¿Se consultó a los empleados públicos cuando les redujeron el sueldo en un 12 por ciento? No, y si se los hubiese consultado, habrían dicho que no estaban de acuerdo. ¿Se consulta a los pobladores de las zonas mineras antes de hacer emprendimientos mineros o cuando se les dice a las empresas mineras que se lleven todo el dinero y lo guarden en los bancos internacionales? No. ¿Se consultó a la población antes de decidir adelantar el pago de la deuda externa, lo que significó que en el año 2006 en la Argentina todavía se siga estableciendo como parte de las estadísticas oficiales que la brecha entre los ricos y los pobres ha aumentado y que el poder adquisitivo todavía no ha alcanzado el nivel que tenía en el año 1998, es decir, en la década infame? No se consultó ni se consulta nada.
Tenemos deficiencias muy grandes. La primera de ellas es creer que las instituciones, así como funcionan, resuelven cosas. En segundo lugar, ni siquiera los diputados que hablan como representantes del pueblo y dicen que hay que defender esta institución -porque puede resolver cosas? son capaces de defenderla, porque entregan el poder a otro.
No se debe consultar al pueblo solamente en las elecciones, para que vote, y después dictar decretos para bajarle los sueldos o entregar nuestros recursos naturales a las multinacionales. Es hora de ir pensando en la alternativa de que los trabajadores y el pueblo puedan decidir.