Política

Ninguna limitación al derecho de huelga

Red de Encuentro Social

La Ley Laboral votada en junio de 2000 durante el gobierno de De la Rúa, popularmente conocida como la "Ley Banelco", tuvo como objetivo profundizar la flexibilización laboral del menemismo. También preveía limitaciones al derecho de huelga.
El gobierno de Kirchner, para legitimar esta Ley absolutamente cuestionada por la población, impulsó su derogación, para suplantarla por la Ley 25.877.
Esta nueva norma legal, en lo esencial, reproduce la anterior, incluso los límites al derecho de huelga. Esto queda establecido en su artículo 24, que faculta al Ministerio de Trabajo a limitar el derecho de huelga amparándose en el supuesto deber de garantizar los "servicios esenciales mínimos".
Este artículo ha sido reglamentado el mes pasado por el actual Poder Ejecutivo Nacional a través del decreto 272/2006 que crea una Comisión supuestamente "independiente", que puede determinar qué actividades deben ser consideradas servicios esenciales. Se trata de una Comisión integrada por representantes de las patronales, de la burocracia sindical, de los Colegios de Abogados, de las Universidades (incluso las privadas) y del gobierno. Si esta Comisión resuelve que determinada actividad es un "servicio esencial", los trabajadores en huelga pueden ser sancionados por su intervención en la huelga, llegando al despido. Así, las medidas que adopten las patronales hallan sustento legal en estas normas del gobierno nacional.

La huelga fue sin duda una medida que los trabajadores utilizaron durante toda su historia para conquistar derechos y para defenderse de los ataques de las patronales y los gobiernos de turno. Este arma fundamental que muestra la fuerza de la unidad en la lucha de los trabajadores, pretende ser limitada con el único objetivo de debilitar a los trabajadores y a sus organizaciones antiburocráticas, para seguir imponiendo la flexibilidad laboral.
Esta limitación al derecho de huelga se corresponde con la clara política represiva del gobierno. A los trabajadores que luchan por mejorar sus condiciones de vida y de trabajo se los procesa judicialmente. Son más de 3000 luchadores los que se hallan actualmente en estas condiciones.

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