Proyectos de Ley

26/02/07 7588-D-06
Nulidad de la amnistía, indulto o conmutación de penas de los delitos de lesa humanidad

Art. 1º.- Se incorpora como artículo 61 bis del Código Penal de la Nación el siguiente:
“Art. 61 bis.- Es absoluta e insanablemente nula la amnistía concedida en favor de personas procesadas o condenadas por delitos de lesa humanidad, cualquiera sea el tiempo en que hubieran sido cometidos.”

Art. 2º.- Se incorpora como artículo 68 bis del Código Penal de la Nación el siguiente:
“Art. 68 bis.- Es absoluta e insanablemente nulo el indulto o conmutación de penas decretados en favor de personas procesadas o condenadas por delitos de lesa humanidad, cualquiera sea el tiempo en que hubieran sido cometidos.”

Art. 3º.- Se incorpora como artículo 248 ter del Código Penal el siguiente:
“Art. 248 ter.- Se impondrá prisión o reclusión de 10 (diez) a 25 (veinticinco) años, e inhabilitación absoluta perpetua, al funcionario público que concediese amnistías o decretase el indulto o la conmutación de penas de personas procesadas o condenadas por delitos de lesa humanidad, cualquiera sea el tiempo en que hubieran sido cometidos, sin perjuicio de la nulidad absoluta e insanable del acto.”

Art. 4º- Se incorpora como artículo 33 bis de la ley 24.660 el siguiente:
“Art. 33 bis.- En ningún caso se concederá la detención domiciliaria a personas procesadas o condenadas por delitos de lesa humanidad, cualquiera sea su edad o el tiempo en que los delitos hubieran sido cometidos.”

Art. 5º- Se incorpora como inciso 6 del artículo 56 bis de la ley 24.660 el siguiente:
“6.- Delitos de lesa humanidad, cualquiera sea el tiempo en que hubieran sido cometidos.”

Art. 6.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

El 24 de marzo se cumple el 30 aniversario de la peor masacre que perpetraron los grupos económicos nacionales y extranjeros contra toda una generación de obreros, estudiantiles, intelectuales, profesionales, y muchos otros luchadores populares.
Los gobiernos “democráticos” posteriores garantizaron la impunidad a los militares y civiles que impusieron el terror en nuestro país, con la sanción de las leyes de obediencia de vida y punto final (hoy anuladas gracias a la presión popular) por parte del Poder Legislativo y los indultos a los genocidas por parte de Carlos Menem.
Tal actitud no sólo colisiona con los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, sino que insulta la conciencia colectiva de nuestro pueblo que sigue reclamando juicio y castigo a los genocidas. La presión de ese reclamo ha llevado a que en el Congreso de la Nación se hallen actualmente en tratamiento varios proyectos en relación a la anulación de los indultos.

Los indultos menemistas son, claramente, un acto de encubrimiento, protección, y garantía de impunidad a los genocidas del autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional”. Estas decisiones gubernamentales sugieren un reconocimiento de la clase dominante a los militares y civiles golpistas, que tenían como objetivo “erradicar” toda forma de reclamo, de lucha, y de expresiones colectivas que la sociedad desarrollaba en esa etapa histórica.

La facultad de indultar o conmutar penas por parte del Presidente de la Nación, o de amnistiar por parte del Congreso de la Nación, debe ser considerada delictiva cuando es ejercida en favor de autores de delitos de lesa humanidad.
El genocidio, la tortura, la desaparición forzada de personas, son delitos de gravedad tal que cualquier forma de eximir de responsabilidad a sus autores debe ser asimilada a la complicidad o al encubrimiento de dichos actos. Por este motivo, consideramos que debe ser severamente penalizado quien se tome atribuciones que tiendan a generar instancias para la repetición de estos actos aberrantes.

Consideramos este proyecto complementario de las iniciativas con estado parlamentario presentadas por Patricia Walsh (expte. 612-D-05), Gerardo Conte Grand (expte. 5318-D-05 orden del día 3226/05), Méndez de Ferreira (expte. 3798-D-05), Stolbizer (expte. 835-D-05) y Rodríguez (expte. 658-D-06), acompañados por varios diputados de distintos bloques.
Con la presentación de este proyecto no pretendemos sobreabundar en el reclamo de justicia: simplemente consideramos una ineludible obligación de cada diputado expresarse clara y concretamente sobre un tema tan vergonzoso para los argentinos, como ser los infames indultos a los genocidas VIDELA, MASSERA, AGOSTI, SUAREZ MASON, GALTIERI, MENÉNDEZ, HARGUINDEGUY, CAMPS, MARTINEZ DE HOZ, LAMBRUSCHINI, VIOLA, NICOLAIDES, entre otros criminales.

El recordado periodista asesinado y desaparecido por la dictadura, Rodolfo Walsh, denunció al año de producirse el golpe de estado, en su célebre “Carta Abierta a la Junta Militar”: “Han restaurado ustedes la corriente de ideas e intereses de minorías derrotadas que traban el desarrollo de las fuerzas productivas, explotan al pueblo y disgregan la nación. Una política semejante solo puede imponerse transitoriamente prohibiendo los partidos, interviniendo los sindicatos, amordazando la prensa e implantando el terror mas profundo que ha conocido la sociedad argentina ... Dictada por el Fondo Monetario Internacional según una receta que se aplica indistintamente a Zaire o a Chile, a Uruguay o Indonesia, la política económica de esa junta sólo reconoce como beneficiarios a la vieja oligarquía ganadera, la nueva oligarquía especuladora y un grupo selecto de monopolios internacionales...“.-

Documentos del Departamento de Estado norteamericano desclasificados prueban que en octubre de 1976, el Secretario de Estado Henry Kissinger y altos funcionarios de EEUU dieron su total respaldo a los generales argentinos y los alentaron a terminar la represión antes de que el Congreso estadounidense redujera la ayuda militar. En ese entonces, el Congreso de EEUU estaba a punto de aprobar sanciones contra el régimen argentino debido a las presiones internacionales que denunciaban la existencia de miles de secuestrados, asesinados y desaparecidos por la Junta militar, por lo Kissinger les reclamaba actuar con celeridad.
Durante su encuentro con el Ministro de Relaciones Exteriores, Almirante Cesar Augusto Guzzetti, el 7 de Octubre de 1976, el Secretario de Estado interrumpió el informe sobre la situación de Argentina del Ministro de Relaciones Exteriores y dijo: "Mire, nuestra actitud básica es que nos gustaría que triunfen. Tengo una posición anticuada que los amigos deben ser apoyados. Lo que no se entiende en los Estados Unidos es que ustedes tienen una guerra civil. Leemos sobre los derechos humanos pero no sobre el contexto. Mientras mas rápido triunfen mejor. El problema de los derechos humanos esta creciendo. Su embajador puede informarle. Deseamos una situación estable. No les causaremos dificultades innecesarias. Si ustedes pueden terminar antes que el Congreso vuelva, seria lo mejor. Ayudaría si pueden reestablecer cualesquiera libertades."
Está claro que la “posición anticuada que los amigos deben ser apoyados” de Kissinger es, en realidad, la tradicional política expansionista norteamericana, para controlar el territorio y los recursos naturales de todo el continente. Para el sostén de su dominio económico y político sobre la región, era indispensable derrotar a los pueblos latinoamericanos, protagonistas del proceso que se estaba dando en busca de una Latinoamérica independiente, libre y soberana.
El propio Kissinger así lo expresó en 1974 en el documento conocido como “Informe Kissinger”: “La economía de los EE.UU. requerirá grandes y crecientes cantidades de minerales del extranjero, especialmente de los Países Menos Desarrollados (PMDs). Este hecho hace que los EE.UU. tengan un gran interés en la estabilidad política, social y económica de los países suministrantes...” (destacado propio). La estabilidad política, social y económica anhelada por Kissinger se traduce en el control por parte de Estados Unidos de los gobiernos, de los pueblos, y de los recursos naturales, respectivamente. Fueron los pueblos los que más se resistieron a esos anhelos, por eso la “necesidad” de disciplinarlos por medio del terror de Estado.
Inquieta pensar que las mentes macabras del poder imperialista no escatimen propuestas aberrantes para avanzar en pos de sus objetivos de controlar a las “díscolas” poblaciones latinoamericanas, y así tomar posesión de sus riquezas naturales.
En 1974, el entonces Secretario de Estado Kissinger, en el citado documento, “alerta”: “Donde quiera que una disminución de las presiones demográficas, por medio de una disminución en los índices de la natalidad, pueda aumentar las posibilidades de dicha estabilidad, la política demográfica se hace relevante para los suministros de recursos y para los intereses económicos de los EE.UU."

Esta actitud genocida no sólo no ha terminado, sino que sigue tiñendo el mundo en la actual era Bush. Tres años lleva la invasión a Irak, amenazan con invadir Irán, avalan las políticas de exterminio israelíes contra el pueblo palestino, producen intentonas golpistas en Venezuela (que fueron derrotadas por el pueblo). Esta amenaza no ha terminado, y vemos con preocupación la posibilidad de que se extienda a Bolivia, donde el pueblo con sus luchas derribó los gobiernos afines a EE.UU., e impuso un gobierno de tinte antimperialista.

La “estabilidad política, social y económica” alla Kissinger se traduce en desempleo, pobreza, aumento de la explotación de los trabajadores, feroz endeudamiento externo, salarios lejanos al costo de la canasta familiar, y pérdida de los derechos de los trabajadores. Estas cuestiones siguen pendientes, puesto que, desde el fin de la dictadura, no han tenido solución por parte de los gobiernos “democráticos” posteriores al 10 de diciembre de 1983. Incluso, en algunos momentos se han visto profundizados.

El repudio de la ciudadanía a estas políticas y sus consecuencias, así como a la protección que el Estado durante tantos años ha dado a los responsables del golpe genocida del ´76 (que siguen indultados), nos plantea la necesidad de buscar justicia para que no se repitan hechos tan atroces.
En este contexto, nos alarma ver en la petrolera Ciudad de Las Heras, Provincia de Santa Cruz, cómo a los reclamos de los trabajadores del área se les responde con la militarización de la zona por parte de Gendarmería Nacional. Cientos de trabajadores y vecinos son perseguidos, en muchos casos encarcelados y torturados, lo que nos recuerda las metodologías aplicadas por la nefasta dictadura militar.

Anular los indultos y sancionar a los funcionarios públicos que avalaron los mismos, es la deuda que tenemos para con los 30.000 compañeros detenidos-desparecidos, y con los demás militantes populares de ayer y de hoy.

Por lo expuesto, solicitamos la aprobación de este proyecto de ley, que es la reproducción del que fuera presentado el 26 de febrero de 2007, expediente Nº 7588-D-06.

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