Proyectos de Ley

01/11/05 6056-D-05
Declaración repudio dichos Ánibal Fernández Incidentes Haedo

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN
DECLARA:

1. Su absoluto repudio a las declaraciones del Ministro del Interior, Aníbal Domingo Fernández, en el sentido de que los incidentes acaecidos el día 1 de noviembre de 2005 en la estación ferroviaria de la Ciudad de Haedo, Partido de Morón, Pcia. de Buenos Aires, fueron “un sabotaje”,“un hecho armado” y que “lo pergeñaron sindicalistas”.
2. Su enérgico repudio a la defensa corporativa de la empresa TBA que realizara el mismo funcionario junto al Secretario de Transportes de la Nación, Ricardo Jaime, encubriendo el pésimo funcionamiento del ex ferrocarril Sarmiento que a diario pone en riesgo la vida de los usuarios.
3. Su solidaridad con los reclamos de los usuarios del mencionado servicio, que denuncian haber visto el inicio del incendio del vagón ferroviario, por lo menos, dos estaciones antes de Haedo, hecho que los alarmó puesto que su integridad física se vio seriamente comprometida sin que la empresa responsable del transporte tomara medidas en salvaguarda de los pasajeros.
4. Su rechazo a la política instrumentada desde el Poder Ejecutivo de subsidiar a las empresas privatizadas, y de desconocer los permanentes reclamos de los usuarios contra estas empresas, que brindan un servicio deplorable.

FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

Ante los graves hechos ocurridos el día 1/11/05 en una formación del ex Ferrocarril Sarmiento, el Ministro del Interior puso de manifiesto el indudable compromiso del gobierno nacional con los grupos económicos favorecidos por la política privatizadora llevada a cabo desde la década del 90 y sostenida por la actual administración.
Lejos de poner de resalto las pésimas condiciones en que TBA presta su deplorable servicio, Aníbal Fernández llevó al discurso lo que ya es política gubernamental: criminalizar la protesta, y defender a rajatabla los intereses empresarios, por más que éstos pongan en riesgo la vida de miles de personas a diario.

Frente al notorio incumplimiento por parte de TBA de sus más elementales obligaciones, lo que pone en evidencia la imperiosa necesidad de rescindir la concesión en forma inmediata, el Poder Ejecutivo “premia” a este concesionario con subsidios, incluso mayores a los que se aportaban durante la gestión estatal de los ferrocarriles. No conforme con este “reconocimiento”, algunos integrantes de este consorcio fueron favorecidos con la concesión de Southern Winds.

Las distintas manifestaciones de los usuarios efectuadas a medios periodísticos, que comprometen a la empresa, echan por tierra la endeble denuncia del Ministro del Interior, quien achacó la responsabilidad de los gravísimos hechos a trabajadores de TBA, opositores a la conducción de la Unión Ferroviaria, a cargo del sindicalista-empresario José Pedraza (dueño de Belgrano Cargas), y del gremio de maquinistas La Fraternidad, a cargo de Omar Maturano.
Estos cuestionados dirigentes sindicales, cómplices y beneficiarios de la política privatizadora, se han convertido en voceros oficiosos del gobierno, sosteniendo la misma nefasta argumentación que el Ministro del Interior, acusando a fantasmagóricos “grupos de ultraizquierda”, para eludir la responsabilidad que les cabe a ellos, junto al Gobierno y la empresa concesionaria.

Las sucesivas interrupciones del servicio por las que se ven afectados los usuarios se vieron agravadas el día 1/11/05 por el principio de incendio en una formación en las cercanías de la estación Ituzaingó (distante unos 8 kilómetros de la estación Haedo). Esta situación de extremo riesgo, alertada por algunos pasajeros, no fue considerada por la empresa, viviéndose situaciones de alarma y extrema preocupación, que hicieron eclosión al arribar a la estación Haedo, donde el fuego adquirió dimensiones dantescas, generando la lógica reacción de los que vieron peligrar su vida.
Las imágenes televisivas toman las declaraciones de los pasajeros del tren incendiado, quienes dan cuenta de cómo las fuerzas policiales actuaron contra ellos, agrediéndolos ferozmente con gases lacrimógenos y balas de goma.

Sabe el Señor Secretario de Transportes de la Nación, Ricardo Jaime, y las autoridades del Poder Ejecutivo, que este grave incidente no es un hecho aislado en la gestión privada de los ferrocarriles, especialmente en el caso de TBA. Quienes a diario padecen el servicio de esta empresa dan cuenta de las demoras, cancelaciones, deplorable calidad de los servicios, falta de limpieza y ventilación, etc. Pero, por sobre todas las cosas, padecen los usuarios la desaprensión de los funcionarios que privilegian el interés económico a la vida e integridad física de la población.
Los trabajadores que hoy son acusados por los incidentes ocurridos en la estación ferroviaria de Haedo, han denunciado en múltiples oportunidades esta situación ante los organismos competentes, sin haber recibido respuesta alguna.
Juan Carlos Cena, estudioso de la cuestión ferroviaria, nos informa en ARGENPRESS.info del 13/09/05 que “la Gerencia de Seguridad en el Transporte, que depende de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte publicó una estadística donde refleja que en el área metropolitana durante el año 2003, fallecieron un total de 389 personas y 1064 resultaron heridas de gravedad. En los últimos 7 años, cerca de 14.000 muertos. Cifras reveladas por el propio Secretario de Transporte que manifestó: 'La Argentina tiene un record importante de muertes en ferrocarriles: más de 400 por año'.”

Desde el Gobierno se continúa con la política de responsabilizar por el mal funcionamiento del servicio ferroviario a los trabajadores, cuando en realidad son éstos quienes, a pesar de las pésimas condiciones laborales, se esfuerzan a diario para garantizar su funcionamiento.

Mientras los usuarios del ferrocarril viajan en condiciones infrahumanas, poniendo en riesgo su vida, sin ser siquiera considerados en lo más mínimo por el Gobierno nacional, lo que pone en evidencia que son considerados ciudadanos de tercera categoría, todos los esfuerzos son puestos al servicio del invasor posmoderno, el vaquero terrorista George W. Bush, llegándose al absurdo de haber convertido a una ciudad turística como Mar del Plata en una ciudad sitiada por las Fuerzas Armadas estadounidenses y argentinas.

Sin lugar a dudas, hechos de esta magnitud se explican por una política de entrega del patrimonio público, llevada a cabo por sucesivos gobiernos, incluyendo al actual.
Nos parece prioritario que se deje de considerar al transporte público como una actividad lucrativa; y consideramos indispensable un debate democrático y amplio, en el que los distintos sectores sociales puedan decidir soberanamente sobre la constitución de una empresa pública de transportes, administrada por la comunidad.

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