Proyectos de Ley

16/09/04 2990-D-05
Proyecto De Ley Proyecto Social Educativo

Artículo 1º: Cada familia tendrá derecho a percibir una suma mensual en concepto de asignación social educativa por hijo menor de 24 años que curse regularmente sus estudios en el sistema público de educación en cualquiera de sus niveles, ciclos y modalidades. El beneficio comprende a las personas que ejerzan la tutoría de niños y / o jóvenes.
La asignación social educativa será de aplicación inmediata para todos aquellos que se encuentren comprendidos en el marco de la presente Ley.

Artículo 2º:  La asignación social educativa será de 100 (cien) pesos para las familias y / o tutores cuyo ingreso mensual sea igual o menor al de la Canasta Básica Total (CBT) que fija el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) y de 50 (cincuenta) pesos para las familias y / o  tutores que tengan ingresos de hasta dos CBT.

Artículo 3º: La asignación social educativa se mantendrá vigente en tanto los beneficiarios acrediten trimestralmente la certificación de alumno regular extendida por los establecimientos educativos.

Artículo 4º: La asignación social educativa no sustituye a las demás asignaciones familiares vigentes.

Artículo 5º:  El financiamiento para la ejecución de lo dispuesto en la presente Ley se realizará a través del Poder Ejecutivo Nacional, el que deberá prever el cálculo y la elaboración de las partidas presupuestarias correspondientes a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente ley.

Artículo  6º: De forma.

Presentado: 16/9/04

Expte. 2990-D-05

FUNDAMENTOS

Sr. Presidente:

MAS DE DOS MILLONES DE NIÑOS Y JÓVENES EN EDAD ESCOLAR ESTÁN  EXCLUIDOS  DEL SISTEMA  EDUCATIVO ARGENTINO.

El análisis de los datos del INDEC, que se proyectan en la muestra del censo de 2001, arroja como resultado que más de dos millones de niños y jóvenes se encuentran sin asistencia escolar. Al mismo tiempo se observa que a partir de los 12 años adquiere una dinámica propia el fenómeno de exclusión del sistema educativo, duplicándose interanualmente entre los 12 y 16 años. (Cuadro Nº 1).

A estos datos se  añade que casi el 70% de la población entre 5 y 21 años es pobre. (INDEC. Octubre 2002). En este sentido se puede estimar que del total de niños y jóvenes que asisten al sistema público de educación en todo el país: 7.253.004, 5.077.000 son pobres. Estas cifras se acompañan con otro dato estadístico, que indica que 2.153.285 de niños y jóvenes no asisten al sistema de educación (INDEC. Censo 2001) y que el 70% de ese total, también es pobre.
Estos son los resultados de las políticas económicas y sociales implementadas desde 1976, durante el genocidio, y profundizadas durante el programa neoliberal llevado a cabo por el gobierno menemista, propulsor  en la década de los ‘90 de la Ley Federal de Educación que fragmentó al país en 24 jurisdicciones, y  en la que colaboraron muchos “expertos” de los llamados sectores progresistas.
A casi tres décadas de devastación no sólo de la Argentina sino del conjunto de países latinoamericanos y del Caribe, rehenes de las políticas de los organismos internacionales que funcionan como extensiones de las decisiones de los Estados Unidos y sus satélites europeos, no aparece un solo gesto político del actual gobierno, que impulse la derogación de los instrumentos que el neoliberalismo construyó para establecer su hegemonía y en el caso que nos ocupa: la derogación de la Ley Federal de Educación.
La Ley Federal de Educación respondió y sigue respondiendo a los intereses de los organismos internacionales que son los que vehiculizan los mandatos de los sectores de mayor concentración de  la riqueza.
En este marco, el Proyecto Social Educativo resulta imprescindible para asegurar que todos los chicos y chicas vayan a la escuela y terminen todos los niveles educativos.

¿POR QUÉ NO HAY RECURSOS?
En 1992 el entonces Diputado de la Nación Dr. Luis Zamora había presentado en el Congreso de la Nación, un Proyecto de Ley de Emergencia Educativa, donde se proponía elevar el presupuesto en educación al 8% del PBI “con recursos provenientes de suspender el pago de la deuda externa, de impuestos a las grandes fortunas; de recuperación de fondos saqueados al Estado por empresarios, banqueros y funcionarios...”
Sin embargo, y lejos de lo que ese proyecto, anterior a la reglamentación de la Ley Federal de Educación, proponía; la acción política fue exactamente la contraria: el presupuesto educativo se fue empobreciendo cada vez más y consecuentemente deteriorando todo el sistema con los resultados que todos conocemos: deserción escolar que supera los niveles históricos; ampliación en la brecha del acceso al conocimiento, entre otros.
A pesar de que la cuestionada Ley Federal de Educación en su artículo 62 dice: “se financiará con impuestos directos de asignación específica aplicados a los sectores de mayor capacidad contributiva.” Esto nunca se cumplió.
En realidad el sistema fue y continúa siendo financiado en un alto porcentaje por los organismos internacionales (vía créditos de sujeción colonial), los mismos que fijan las políticas educativas para el continente latinoamericano: “... el BID (Banco  Interamericano de Desarrollo) buscará duplicar el financiamiento dedicado a las reformas educativas durante los próximos tres años (...) respaldará reformas destinadas a mejorar la recopilación, el análisis y la difusión de información sobre educación para poder medir costos (...) para identificar alternativas y prácticas recomendables a la hora de diseñar políticas educativas.” (BID, Agenda para el Desarrollo en la Cumbre de las Américas, Abril 1998).
Esto es sólo un ejemplo mínimo de quienes deciden la educación y, a propósito, cabe resaltar que es una forma más que tienen los organismos internacionales para que los países como el nuestro engorden la obscena deuda externa.
En realidad es una más de las estrategias de colonización utilizadas por el imperio con el beneplácito de los súbditos vernáculos.
En el orden nacional el diario Clarín publicó el 22 de febrero del corriente en el suplemento “Zona”: “En 1993, cuando se sancionó en el Congreso la última reforma educativa, el  Estado se comprometió a llevar el presupuesto, en un plazo de cinco años, a al menos el seis por ciento del Producto Bruto Interno (PBI) lo que hoy significarían 24 mil millones de pesos. Lo cierto es que en los últimos once años, no se alcanzó y hoy el presupuesto ronda los cinco puntos del PBI, incluyendo Cultura y Ciencia y Tecnología.”
Con estas cifras, menos del 5%, en términos de porcentaje del PBI, ¿cuánto es lo que se destina a cada una de las tres áreas?
           El desfinanciamiento del sistema educativo entra en relación directa con todas las políticas sobre el achique del gasto público.
Podemos constatar, en esta línea, cómo la reducción del gasto social es lo que produce lo que el gobierno llama superávit.
En una nota aparecida en el suplemento económico del diario Clarín el 2 de mayo de 2004 se adelantaba lo siguiente:
“Por la devaluación, el default y la pesificación, el gasto del gobierno nacional se redujo en 4 puntos del PBI, pasando del 19,7% en el 2001 al 15,7% previsto para el Presupuesto 2004 aprobado el pasado 20 de abril por la Jefatura de Gabinete. Y se ubica así en el menor nivel de los últimos 25 años.
Si se agregan los presupuestos provinciales y municipales, el ajuste rondaría los 6 puntos del PBI. (...)
Este año, de acuerdo al Presupuesto, el Gobierno nacional pagará 1,6% del PBI en intereses y otro 0,8% para la amortización de deudas, lo que suma 2,4% del PBI. Otro 0,6 pagarán las provincias, totalizando el ‘famoso’ 3% del PBI”
Es, absolutamente, evidente que frente a estas perspectivas, y aun cuando haya superávit por encima de lo previsto, el dinero es para los organismos internacionales, porque de lo que se trata es de bajar los gastos sociales.
Reducir el gasto social implica menor inversión en educación y mayor dependencia de los programas que imponen los organismos internacionales.
En la reducción del gasto público, el destinado a niñez bajó el 29,5% : “...el gasto público en la Argentina destinado a niñez experimentó una disminución del 29,5 por ciento durante 2002 y pasó del 6,2 por ciento del PBI en 2001 al 5,7 por ciento en el año siguiente (...) Algunas de las áreas más golpeadas por la crisis fueron el área de educación, que descendió en un 35,6 por ciento; obras sociales, en un 33,6; asignaciones familiares, en un 43,8...”  (LA NACIÓN LINE, 7/09/2004)

¿DÓNDE ESTÁ EL DINERO?

           El Estado que  abandona la responsabilidad sobre la educación,  presta atención y se responsabiliza por los intereses de los mismos que pretenden la devastación para quedarse con todo.
El mantenerse alejado de los intereses de la población da origen a dos cuestiones que consideramos imprescindibles erradicar: por un lado, la desigualdad económica y por otro, la desigualdad cultural.
Ambas son históricas, y se profundizan aun más de la mano del neoliberalismo que obvia las desigualdades de origen que el sistema reproduce y al que históricamente este modelo escolar ha contribuido.
Con los postulados neoliberales se exponen aun más las desigualdades en todos los órdenes.
Con la profundización de la dependencia del Estado en manos de los grandes grupos económicos, se acentúa la dominación político-económica y cultural-educativa en detrimento de la población.  El ejemplo testigo de ello, fueron las políticas privatizadoras:
“La mayor parte de las privatizaciones se llevó a cabo en el breve lapso comprendido entre 1990 y 1994. Con la excepción de las transformaciones estructurales experimentadas por los países del ex - bloque socialista, difícilmente pueda encontrarse, en el nivel internacional, otra experiencia privatizadora tan acelerada: en muy pocos años se transfirieron al sector privado, entre otros activos estatales, una porción mayoritaria de la empresa petrolera estatal (la empresa más grande del país en términos de facturación y una de las líderes en materia de exportaciones); los ferrocarriles (tanto de carga como de pasajeros); la compañía estatal encargada de servicios de transporte y distribución de gas natural; las principales firmas estatales de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica; la Empresa Nacional de Telecomunicaciones; Aerolíneas Argentinas; los astilleros y las firmas siderúrgicas y petroquímicas de propiedad estatal; la administración de los sistemas portuarios; canales de radio y TV; etc. (El Proceso de privatización en la Argentina. Basualdo, E. Azpiazu, D. Abril 2002. Página /12 Universidad Nacional de Quilmes.)

         La deserción escolar no es un dato estadístico, son personas a las que se les veda el acceso a la educación porque el mismo programa político tiene incorporado ese proyecto. Dice: “educación para todos”; al mismo tiempo que se produce la paradoja: cada vez menos.
Cuando la alianza se hace con los poderosos, la mayoría se perjudica y estos gobiernos, repetidamente han perjudicado con sus políticas de cuartos cerrados a las mayorías.
Mil setecientos millones de dólares saqueados a la sociedad, con los negociados permitidos y legalizados.
“Para tener una idea aproximada de cuanto le costaron al Estado argentino (es decir, al conjunto de la sociedad) los subsidios a los concesionarios [de peaje], cabe destacar que la última renegociación con los concesionarios que llevó a cabo el gobierno de De la Rúa derivó en el reconocimiento de una deuda ‘pública’ de más de 400 millones de dólares, que se suma a las compensaciones ya percibidas por los concesionarios (alrededor de 400 millones de dólares más), y a la supresión del canon que debían tributar las empresas (otros 890 millones de dólares).” (El proceso de privatización en la Argentina, Basualdo, E; Azpiazú, D. abril 2002)
En esta investigación los autores agregan que “.... en el año 2000 Repsol registró en España un margen de rentabilidad sobre las ventas del 5,3%, mientras que en Argentina obtuvo una tasa de ganancia (siempre sobre facturación) del 14,2%.”
Actualmente, la misma empresa registró ganancias en la Argentina por “643 millones de euros, un 28% por encima de lo registrado un año atrás. Equivale a unos 2260 millones de pesos...” (Diario Página 12 mayo 13 de 2004)
A mayor ganancia de las corporaciones, menor inversión en Educación

Al mismo tiempo que la Argentina se endeuda en 115 millones de dólares con el Programa de Descentralización y Mejoramiento de la Educación Secundaria - polimodal (PRODYMES II) financiado con contrato préstamo Nº 3071 – AR suscripto entre el Banco Nación y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (Birf). Entre las cláusulas del convenio figura: “Normas para la utilización de consultores por los prestatarios del Banco Mundial y por el Banco Mundial como organismo de ejecución.”
Esto es que los organismos internacionales van delineando las políticas y, como en el caso del programa PRODYMES, el propio Banco Mundial se torna en prestador y ejecutor del programa.
(Sólo estamos tomando el PRODYMES ll ;  al que habría que agregarle el PRODYMES I y III; con otros cientos de millones de dólares que contribuyen al plan de sujeción colonial.)
Este tipo de créditos (que solo para el sistema educativo implican varios miles de millones de pesos) están en la doble vía que se anticipaba en párrafos anteriores: disciplinar al sistema educativo bajo las políticas de los organismos internacionales, al mismo tiempo que se endeuda al conjunto de la sociedad.

¿SOLO DATOS?         

De acuerdo con el INDEC la Canasta Básica  Alimentaria  (CBA)  se ubicó en  333 pesos, es decir que para que una familia no caiga en la indigencia el ingreso familiar debe sumar esa cifra. Mientras que la Canasta Básica Total (CBT), que incluye los alimentos y servicios esenciales, se ubicó en 730,17 pesos (agosto, 2004).
“Esta canasta aumentó 0,74 por ciento con respecto a julio último. De esta forma, suena irrisorio el salario mínimo de 450 pesos acordado recientemente entre empresarios y sindicalistas. Si se trata del único ingreso familiar, éste alcanza a cubrir el 60 por ciento de los 730,17 pesos.”  (diariohoy.net 13-9-2004)

Fundamentos inobjetables,  porque son los que la población padece y son los que nos permiten decir que no hay desde el punto de vista económico ningún impedimento para que se cree una asignación  mensual por cada hijo que curse sus estudios en el Sistema Público de Educación y su edad no supere los 24 años.

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