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Educación
Por un proyecto de universidad que recupere su objetivo publico e incorpore un fin socialMarcos Britos
Autor: Encuentro de Trabajadores de Universidades Nacionales (ETUN) Tal como analizamos en la III Reunión de ETUN (Buenos Aires/2005), la transformación de las Universidades Estatales de orden Nacional, han sido de enorme magnitud y han generado un sinnúmero de consecuencias negativas en su devenir histórico hasta llegara a la “reconversión de los objetivos de la educación universitaria”. Las modificaciones a la legislación previa, sus objetivos y sus métodos de trabajo y gestión están analizados en texto “El conocimiento público está siendo privatizado: ¡Que el conocimiento publico sea de publico conocimiento!”, en ETUN: Una experiencia de organización sindical. Taller de Estudios Laborales. Buenos Aires. 2006. pág. 91 a 101.(También en www.etun.com.ar) Continuar en esta línea de elaboración significaba sacar conclusiones respecto a las consecuencias que esta reconversión de las Universidades tiene para sus trabajadores. Y en particular, encontrar la relación entre la mercantilización del conocimiento y las nuevas formas de organización de la gestión que implica la aplicación del Convenio Colectivo de Trabajo. EVALUANDO LOS ARGUMENTOS DEL ENEMIGO. Algunos de los principales argumentos de la parte patronal y de la burocracia de FATUN para reducir categorías se centra en que de esa manera la orden de trabajo para realizar una determinada tarea llega a destino de una manera mas rápida, menos compleja y, por lo tanto, mas precisa. Las famosas tres E (Eficiencia, Eficacia y Efectividad). Estas palabritas se explican así: Eficiencia es “el criterio económico que revela la capacidad administrativa de producir el máximo de resultados con el mínimo de recursos, energía y tiempo”. Eficacia es “el criterio institucional que revela la capacidad administrativa para alcanzar las metas o resultados propuestos (la eficacia administrativa se ocupa esencialmente del logro de los objetivos educativos)”. Efectividad es “el criterio político que refleja la capacidad administrativa de satisfacer las demandas planteadas por una comunidad externa (el término inglés para efectividad es responsiveness - del latín respondere: responder, corresponder) reflejando la capacidad de respuesta a las exigencias de la sociedad. Estas definiciones aplicadas a la educación provienen del libro Educación, administración y calidad de vida de Beno Sander. (Editorial Santillana. Bas As. AULA XXI. 1990 p. 151/153). Criterio económico: máximo resultado con mínimo de recursos, energía y tiempo. Implica el mayor ritmo de producción posible, con el menor salario que se aguante y la menor inversión posible en infraestructura. Aplicado a educación es evidente que aquí la calidad educativa entendida a partir del diálogo entre un maestro y su discípulo, más allá del tiempo necesario, está totalmente fuera de consideración. Si vamos al criterio institucional: lo que importa es alcanzar las metas/resultados que se hayan propuesto algunos (no los que tienen que lograrlas) sin tener en cuenta los medios ni los objetivos. Simplemente las metas que alguien dispuso y de acuerdo al criterio económico más arriba señalado. Si vamos al criterio político: lo que hoy determina el objetivo es la capacidad de satisfacer las demandas de la comunidad externa prioritaria, es decir, la Empresa que compra el producto de la Universidad. Si invertimos el orden tenemos que: Para tener una alta capacidad de satisfacer la demanda de las Empresas que compran el producto de las Universidades Nacionales del Estado, se hace necesario lograr que las metas fijadas por los Rectores y Consejeros – independientemente de los medios y los objetivos generales de las Universidades - se cumplan con el mayor ritmo de producción y las menores inversiones posibles, con los salarios mas bajos que los trabajadores se banquen. En este orden de cosas, la Eficacia requiere de un procedimiento administrativo en el cual la cadena de tareas que se necesite concretar debe tener menos “eslabones” y, por lo tanto, la que permita el tiempo de trabajo más reducido posible para llegar al resultado de la tarea indicada. Esto a su vez permite que sean la menor cantidad de individuos posibles los que intervengan en la ejecución de una tarea. Con dos objetivos: que se haga rápido el primero y el segundo que se reduzcan los controles en la ejecución de la orden de tarea. Porque todo control/controlador sobre la ejecución de una orden de tarea implica un cuestionamiento de hecho a la orden de hacer esa tarea. El Decreto Escalafón 1428/73 tenía 24 categorías, el 2213/87 (para las Universidades Nacionales) las bajó a 11. El CCT las reduce a 7. No es una casualidad, es una política que viene aplicándose más allá de los gobiernos y responde a las necesidades de “cumplir eficazmente con la demanda externa”. Una demanda externa que pasó de ser social y pública a ser privada (de pocos) y secreta (oculta). Los convenios entre las Universidades y las empresas privadas que compran su mercancía se cuidan muy mucho de que esto último esté claramente señalado en los artículos de resposabilidades mutuas. El Decreto/Escalafón 1428/73, aún cuando estaba elaborado por un gobierno militar (de Lanusse, modificatorio del anterior del año 1958/Frondizi) aún contenía fuertes componentes de los criterios de administración y gestión del Estado Benefactor de tipo Keynesiano. Es decir, de un Estado que debía, al menos formalmente, ocuparse de los problemas del conjunto de la sociedad y no solamente de los millonarios. Este Estado Keynesiano, por lo tanto, mantenía ciertas formas respecto a los controles sobre su gestión. Desde el momento en que su objetivo debía ser el “bien público”, o “el bienestar del pueblo” en su conjunto, incorporaba conceptos de “responsabilidad pública” o “carga pública” de los funcionarios del Estado. Por lo tanto estos debían asumirse como “funcionarios públicos” con una responsabilidad personal respecto a la sociedad en su conjunto, y por lo tanto respecto a la función para la cual eran designados por Resolución. Y a su vez estaban, y se sentían respecto a sí mismos, obligados a aceptar ser públicamente observados y controlados. De tal manera, en una cadena de trabajo con 24 eslabones es mucho más difícil lograr que esa cantidad de ejecutores y supervisores se mantengan en silencio ante una acción incorrecta, que atente contra el público, por parte de las autoridades y/o directores. Es más difícil controlar la presencia de eslabones con motor propio, fuera de control de las Direcciones. Menos eslabones, señores,…mas tranquilos todos.
LAS CONSECUENCIAS DE LA RECONVERSION EN LA CADENA DE TRABAJO Nada de esto está presente en el actual Estado, y menos en las Universidades del Estado, porque la reconversión de la década del 90 (anticipadas poco a poco desde años antes) liquidó el concepto de “bien público” respecto de los bienes del Estado y, junto con eso, liquidó la idea de que el Estado debe tener esencialmente una función y responsabilidad “pública”. Detrás de esto, las Universidades Nacionales del Estado también liquidaron su carácter público: hoy gran parte de su presupuesto se construye en base a la colocación en el mercado de sus productos (el conocimiento generado en ellas) como mercancía; y a la acumulación de su propio capital privado en base a la generación de plusvalía. Y aún mas, en tanto actúan como agencias de colocación de mano de obra calificada en empresas privadas, de la cual reciben un determinado capital por cada “pasante” que ingresa al mercado de la fuerza de trabajo, también participan de la explotación de la mano de obra asalariada de los capitalistas con los cuales se asocian. Y en este Estado, en esta Universidad del actual Estado, lo importante del procedimiento no es el control sobre la aplicación correcta de la “normativa pública”, sino el cumplimiento de las metas fijadas para responder a la demanda de las empresas. Es decir, cuanto menos controles haya…mejor. Porque entonces sólo dos o tres resuelven qué cosa se debe hacer, y cómo se la debe hacer, y el resto simplemente ejecuta la orden con el mínimo de control, el suficiente como para que se cumpla la tarea. La disminución en la cantidad de categorías tiene este objetivo: uno –o máximo dos niveles- resuelven lo que otros cinco niveles, como máximo, ejecutan. Pero además no hay tipificador de funciones…con lo cual la responsabilidad pública sobre una función específica asignada…deja de existir. La responsabilidad individual sobre la función era también parte de un mecanismo de control público: “estoy públicamente asignado a una función…más vale que haga las cosas bien” era el pensamiento natural en estos casos. En el actual esquema de trabajo, la tarea sin carga pública de responsabilidad sólo se ejecuta sobre la base del miedo al castigo que puede producir el no realizarla o el realizarla mal. No hay involucramiento personal en la realización de la tarea en términos de responsabilidad social porque esa tarea no tiene ese objetivo. Esta nueva realidad se transforma en un grave problema allí donde la responsabilidad social, pública, desaparece en tareas que en sí mismas las requieren como necesidad, es el caso de los Hospitales y centros asitenciales. Pero también es el caso de cualquier tipo de atención “al público”. En el caso de los centros de salud, la implementación del “premio por productividad” para la distribución de los fondos propios (capital acumulado por venta de servicios a terceros/obras sociales) ha generado ejemplos tremendos corrupción y maltrato a pacientes, familiares y trabajadores por parte de corporaciones cuasi mafiosas integrada por burócratas sindicales, administradores políticos y sectores marginales ejecutores de sus órdenes. El caso del reciente supuesto conflicto del Hospital de Clínicas es la resultante final del Hospital de Autogestión impuesto por Menem en la década del 90. El Clínicas fue el único “Hospital Público” nacional o municipal que lo llevó adelante hasta sus últimas consecuencias…que están a la vista. Allí, distintas, complejas y bien estructuradas redes clientelares compiten burocráticamente, y por lo tanto autoritariamente, por el control de “la ruta del dinero” con total despreocupación por la participación del conjunto del personal en la elaboración de propuestas alternativas para la recuperación del centro de salud porque no tienen en sus objetivos tal problemática. Resumiendo: reducir la cantidad de controladores hace menos democrática y más autoritaria la gestión y el control de las tareas. Y por lo tanto las hace menos transparentes. Simultáneamente, el trabajador volcado a la tarea se hace mas disciplinado y autista. El trabajador sin responsabilidad social/pública (ni escrita ni incorporada a su lógica de pensamiento) asume que no está para pensar, cuestionar o calificar la calidad de la indicación sino para ejecutarla. La “obediencia debida” se asume como obediencia “de vida”. Hay también sin duda un factor presupuestario en tanto a menos categorìas superiores la perspectiva de presupuesto se reduce o, en cualquier caso, permite garantizar mayor diferencia salarial entre la cadena de supervisores y ejecutores respecto a la de autoridades y directores. Este factor es importante para cooptar al sector de Dirección mediante una buena paga a la manera de los CEOs y Gerentes de las empresas. Los cuales, en definitiva, no están tampoco para pensar sobre el destino de las Universidades sino para pensar la mejor manera de llevar adelante sus objetivos, fijados sí entre los funcionarios de los gobiernos de turno, las autoridades universitarias superiores y los grandes empresarios. El progresivo y creciente autoritarismo de las Universidades del Estado es una necesidad de su actual carácter “no público” y entra en colisión directa con las viejas normas administrativas heredadas del Estado Benefactor de tipo Keynesiano. Por lo tanto otra de las consecuencias es que iremos viendo progresivamente cómo se busca alterar la normativa de control y gestión para adecuarla a la necesidad de eficacia, eficiencia y efectvidad planteadas mas arriba. No sólo en las Resoluciones modificatorias en los procedimientos sino también en la organización misma de la cadena de trabajo mediante la modificación de las estructuras orgánico funcionales al servicio de esos objetivos.
NUESTRAS TAREAS En primer lugar debemos continuar identificando las características, las causas y las consecuencias de la reconversión de las universidades. En tanto es un proceso mundial que está estrechamente ligado a las modificaciones del sistema de producción capitalista que rige en el mundo, cuyas modificaciones a partir de los años 80 han sido gigantescas, veremos nuevas modificaciones que traerán nuevas consecuencias para los trabajadores. Pero al mismo tiempo tenemos la obligación por necesidad, de comenzar a elaborar una PROPUESTA POSITIVA Y ALTERNATIVA a esta Universidad que hay existe y en la cual trabajamos en tanto nadie mas que nosotros puede lograr una elaboración que permita dar una respuesta integral al problema generado por la reconversión universitaria a lo largo de los últimos veinte años. Y esa elaboración alternativa puesta en consideración del conjunto de la sociedad y de sus organizaciones obreras y populares, debería tener como objetivo presentar UN PROYECTO DE UNIVERSIDAD QUE RETOME SU CARÁCTER PUBLICO CON UN FUERTE CONTENIDO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL, TANTO EN SUS OBJETIVOS FORMATIVOS Y DE INVESTIGACION, COMO EN EL CONTROL DE SU GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN. Al mismo tiempo, la elaboración de ese proyecto deberá partir de considerar que la concreción de las acciones para ejecutar una tarea (sea administrativa, formativa y/o científica) no será necesariamente más burocrática porque en ella intervengan muchas personas sino que, por el contrario, la participación de muchas personas puede hacerlas mas efectivas si consideramos la demanda social y pública como el destino de la demanda a satisfacer. Asimismo puede hacerlas más eficaces en tanto habrá sin duda mayores controles y por lo tanto serán mas transparentes, mientras que permitirá una mayor inversión de capacidad intelectual en la elaboración de respuestas y propuestas para resolver problema. Y por último, también las puede hacer más eficientes si el término eficiencia lo aplicamos con un criterio de INVERSION SOCIAL Y BENEFICIO PÚBLICO. Desde esta óptica, nuestro trabajo de elaboración deberá culminar en un PROYECTO DE NUEVA UNIVERSIDAD PUBLICA Y SOCIAL, por una educación, investigación y salud al servicio de la población y no de las empresas, que respete nuestras necesidades cotidianas como trabajadores. Para ello habrá que
Para llevar adelante esta tarea, el borrador presentado a debate en el IVº Encuentro del ETUN y que nos permitió avanzar en esta dirección, deberemos hacerlo llegar al conjunto de los sectores que tengan una perspectiva equivalente a la nuestra y con los cuales podamos continuar elaborando en común una confluencia organizativa y de objetivos. Trabajo elaborado en base al informe presentado ante la IVª Reunión del ETUN - Córdoba/2007, y el debate realizado en la Comisión de Mercantilización.
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