Editorial
Una diputada entre el poder Kirchnerista y los grupos dominantes
Carlos Tinnirello
La discusión sobre la expulsión de la diputada Alarcón, de la presidencia de una Comisión de esta Cámara de Diputados, se presenta bastante compleja, porque desde los responsables del funcionamiento de la Cámara de Diputados, de hecho desde el gobierno, nos instalan nuevamente un problema que debería ser tratado, pero no de la forma que pretende el gobierno nacional y el bloque mayoritario de este cuerpo.
Realmente el problema de la carne, la cuestión agroganadera, es muy importante y debe ser tratado, porque de hecho, según cómo se trate la cuestión, se afectará más o menos a los sectores más necesitados.
Se hace difícil analizar la cuestión, sobre todo si tomamos en cuenta algunas declaraciones de la señora diputada Alarcón. La señora diputada dijo: Yo soy fuerte; voy a seguir trabajando por el sector. Los productores, los empresarios y las entidades siempre me llamaron porque sabían que contaban conmigo.
Sinceramente, si se observa que desde la Presidencia de una comisión de la Cámara de Diputados se desnuda con tanta claridad que se está trabajando para los empresarios y para los productores -sabemos que en el área agroganadera se habla de empresarios muy grandes, si se quiere se lo puede hacer utilizando el término de la vieja oligarquía que manejaba el campo y que incluso apoyó golpes de Estado desde la década del 30-, entonces resulta muy complicado resolver el tema.
Porque pareciera que, a los que nos oponemos a la actitud que adopta el gobierno, a través del presidente de la Cámara, del bloque mayoritario y de todos los que lo van a acompañar, nos ponen en el lugar de defender una oligarquía que durante muchos años ha sido responsable -y lo sigue siendo- de la miseria de nuestro pueblo, que tanto se ha sacrificado y que tanto ha luchado por mejorar las condiciones de vida.
Y eso es definitivo. Incluso, los sectores ganadero y agropecuario han sido absolutamente antidemocráticos, y algunos de los diputados que hoy los defienden han sido los que trabajaron para los golpes de Estado.
Kirchner, un Bonaparte de segunda
Pero corriendo el telón, observamos que la actitud que toma el gobierno nacional, es absolutamente antidemocrática porque evidentemente lo que se está expresando es una tentación autoritaria. Lo que se cuestiona desde el gobierno no es el hecho de estar haciendo lobby para los sectores ganadero y agropecuario. Si fueran consecuentes con eso, también tendrían que remover al propio presidente de la Comisión de Minería y a muchos diputados que hacen lobby en favor de las empresas mineras. Sin embargo, a estos últimos no se los corre.
Tampoco se corre a los que hacen lobby, como hizo el presidente Kirchner en el año 1992 para la privatización de YPF en defensa de las multinacionales del petróleo. A tal punto no se los corre que el presidente Néstor Kirchner hoy nos gobierna.
Entonces, no se puede explicar la lógica que plantea el gobierno cuando quiere correr a la señora diputada Alarcón pero defiende a los diputados que han hecho y hacen lobby, como lo ha hecho incluso el propio presidente en defensa de las grandes multinacionales que hoy siguen manejando el poder económico y, evidentemente, el poder político.
Pero esta metodología que aplica el gobierno no es nueva. Cuando se trató el tema del Consejo de la Magistratura, planteó una modificación con el objeto de concentrar poder. Cuando se la compró el voto del diputado Borocotó - la conocida borocotización de la política- también tuvo la tentación del poder del autoritarismo. Cuando pone una cuña en el Justicialismo Federal, negociando con una parte de ese sector para pasar a tener la mayoría automática, también nos muestra esa tentación autoritaria.
Así podemos seguir citando casos. Por ejemplo, cuando gasta 150 millones de pesos para manejar los medios, mientras está vaciando Télam, para darle el manejo a empresas privadas de la publicidad estatal; o cuando judicializa la protesta, ya que hay más de 3 mil luchadores sociales que están judicializados.
Son todas medidas que tienen por objeto lograr la concentración de poder, que evidentemente saborea el presidente Kirchner.
Entonces, esa cuestión elemental de derecho democrático es lo que aquí está faltando. Pero no sorprende, porque es muy difícil pedirle un accionar democrático a los sectores que en definitiva sostienen, a pesar del discurso, una política de privilegio del poder económico.
Nos molesta que la diputada Alarcón diga que trabaja para Pampa Sur y para ese sector ganadero. Nos hubiera gustado mucho más empezar a discutir alternativas sobre el campo, tanto en lo ganadero como en lo que respecta a la agricultura, y ver cómo resolvemos el problema, que comprende la falta de trabajo y de alimentos. La Argentina produce alimentos para 300 millones de personas en el mundo y sin embargo no es capaz de abastecer a sus 36 millones de habitantes.
Es decir que a esos sectores ganaderos, que están ganando muchísimo dinero con la exportación, les importa muy poco si el pueblo come o no. Pero eso no justifica la política del gobierno, porque en realidad lo que tendríamos que estar discutiendo aquí es si comenzamos a hacer un planteo mucho más de fondo, que es cómo se redistribuye el manejo del campo para una producción colectiva que vaya en beneficio del conjunto de la sociedad. Para eso hay que tocar intereses pero el gobierno no está dispuesto a hacerlo. El presidente Kirchner se reúne con los más altos empresarios agropecuarios -entre ellos, la Sociedad Rural- para ofrecerles un subsidio de 860 millones de pesos, para un plan de desarrollo ganadero. Lógicamente, estos subsidios pueden ser necesarios, pero no para que los siga manejando la oligarquía.
Nos preguntamos por qué no se plantea una política de Estado distinta en materia de producción colectiva del campo.
Por un lado acá nos vienen a decir que se cuestiona a la diputada Alarcón porque trabaja para un sector del campo, y por otro el gobierno también lo hace. En realidad lo que se está haciendo es remover a una diputada que no coincide en absoluto con nosotros, pero sólo lo hacen por tener una postura distinta a la del gobierno.
Como este es un elemento esencial de la discusión, nuestra posición es contraria a que la diputada Alarcón sea removida. Sostenemos esto porque no es que se trata de una política del gobierno de cuestionar el poder económico agropecuario, sino todo lo contrario: se trata de quitar el derecho de poder expresar sus opiniones a los sectores que tienen diferencias con el gobierno.
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