Recursos Naturales y Medio Ambiente

Soberanía Nacional y Minería

Marcos Pastrana (Comunidad Indígena Diaguita Calchaquí, Tafí del Valle - Tucumán)
Viernes, 6 de Enero de 2006. 10:04 hs.

A mediados de 1995, en Tafí del Valle, villa turística de gran relevancia nacional e internacional, enclavada a 2.000 metros sobre el nivel del mar y distante 110 km. de la ciudad de San Miguel de Tucumán, se empezaron a tener noticias de la inminente explotación del emprendimiento minero Bajo de la Alumbrera en la provincia de Catamarca, con seductores mensajes de bonanza y desarrollo económico para la región y para el país. Que lejos estábamos entonces de vislumbrar siquiera, que esta perversa propaganda, llevada a cabo por la empresa Minera Alumbrera Ltda e YMAD (ente conformado por la Universidad Nacional de Tucumán, el Estado Nacional y la Provincia de Catamarca en una UTE que "comparte" el 3% de las regalías) enmascaraba una de las estafas más grandes perpetradas a espaldas del pueblo argentino.

Pasado el impacto inicial de ilusiones y expectativas generadas a partir del discurso cómplice del Gobierno Provincial, de la sanción de la Ley 6653 declarando de interés provincial al emprendimiento minero, eximiéndolo de impuestos tasas y contribuciones y cediendo parte de su territorio para la instalación de obras complementarias esenciales para el desarrollo del proyecto ( Electroducto de 220 KV y 260 km. entre El Bracho en Tucumán y la Alumbrera en Catamarca, Mineraloducto para el traslado del concentrado de minerales y Planta de Secado en Cruz del Norte al este de Tucumán), la comunidad empezó a darse cuenta que no tenía nada de beneficioso el "participar" del mismo, sino todo lo contrario. La provincia pasaba a constituirse en el basurero de la minera a cambio de unos cuantos puestos de trabajo.

A partir de ese momento se inició un duro proceso de lucha, que ya lleva 10 años, por parte de la comunidad en una desigual batalla en defensa de su ambiente, su cultura y sus derechos. A medida que se avanzaba en esta lucha, los hechos nos iban mostrando y demostrando la verdadera dimensión y magnitud de los perjuicios en tèrminos ambientales, sociales, económicos y culturales producto de la explotación minera metalífera a cielo abierto; como así también los altísimos niveles de corrupción "legalizada" a partir de una legislación demoníaca, como el Protocolo Minero incorporado al Acuerto de Integración y Complementación Económica Argentino-Chileno, El Acuerdo Federal Minero y normas complementarias nacionales, provinciales y municipales, sumada a una patética debilidad de los organismos de control del Estado para atender responsabilidades administrativas, políticas, jurídicas, técnico-científicas, informativas, institucionales y sociales.

Hoy por hoy la unión de las comunidades en lucha desde la puna a tierra del fuego, ha permitido avanzar en la conciencia colectiva de una parte de la sociedad, y para muchas poblaciones se está empezando a desmitificar el concepto de desarrollo económico y social a partir de la explotación de la gran minería a cielo abierto, más aún dentro del marco legal y político actual, porque viola derechos civiles, políticos, sociales y humanos , contamina el agua, el aire y los suelos, atenta contra una actividad económica básica estructural del país como es la agroganadería y otras muy importantes como el turismo, la pesca , etc.

Pero todo esto se potencia con un nuevo factor negativo que se manifiesta en forma natural a partir de la consideración de los hechos producidos, las experiencias vividas, y la situación actual de las comunidades y provincias que las contienen. Es la pèrdida de Soberanía Nacional , autonomías provinciales y la grave afectaciòn de la integridad territorial.

Cómo es ésto?. Según un informe del Ing. de minas Héctor Velázquez Alvarez , de acuerdo a los trabajos exploratorios de las empresas mineras que hasta el año l998 habían explorado no más del 50 % de la superficie minera del país, daban cuenta de 661 depósitos minerales, que desde la perspectiva de Pequeña, Mediana y Gran Minería, podían considerarse económicamente explotables.

Un número importante de ellos referenciados como de Clase Mundial, solo pueden ser explotados en forma exclusiva por una actividad productiva de Gran Minería como Bajo La Alumbrera (en explotación), Cerro Vanguardia, Pascua-Lama, Veladero, Agua Rica, Pachón, El Desquite, Cordón de Esquel, Farallón Negro, Orosmayo y muchos otros distribuidos por todo el Cordón Andino, Montañas sub andinas y sierras adyacentes .

Esto quiere decir que dadas las condiciones de "seguridad jurídica" otorgadas a las empresas, sin control aduanero, con desgravaciones impositivas de todo tipo, sin control efectivo y confiable de ningún organismo del estado, con provincias y municipios cautivos por las empresas en el resguardo de sus intereses, aún con represiones oprobiosas hacia quienes defienden los intereses comunitarios y su autodeterminación y la aplicación de una política de gobierno totalmente adicta a las mineras, estas configurarán política, geográfica y legalmente una zona de "exclusión minera" que abarcará un inmenso territorio, donde será imposible el ejercicio pleno de la soberanía nacional, las autonomías provinciales y un desmembramiento territorial gravísimo.

Lo más preocupante de todo esto es que esta situación tan evidente para la comunidad desde su condición de afectada por la gran minería, pareciera pasar desapercibida para el gobierno, que no da señales de interesarse por los recursos estratégicos del país y mucho menos del destino de sus habitantes actuales y futuros.

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